El coronel retirado Luis Alberto Pedrazzini y el comandante mayor Jorge Caserotto fueron detenidos, acusados de haber participado de la represión militar en Formosa en la dictadura.
Pedrazzini se desempeñó como secretario general de la Gobernación y fue hombre de confianza del fallecido gobernador de facto Juan Carlos Colombo, condenado a 25 años de prisión. En aquella época, cultivó relaciones con la sociedad civil, el Poder Judicial, la Sociedad Rural y fuerzas vivas de nuestra comunidad, pero lo más relevante es que Pedrazzini era el enlace del area 234, que tenía como principal referente al mayor del Ejército Jorge Rearte.
En el año 2009, durante la sustanciación de la denominada Causa “Colombo”, Pedrazzini declaró como testigo y reveló detalles espeluznantes del reglamento de lucha antisubversiva, que contemplaba todo tipo de tormentos en perjuicio de los detenidos.
También admitió falsedad en la identidad de un niño inscripto como nacido en Formosa cuando en realidad nació en Buenos Aires, dado con posterioridad en adopción a un miembro de la SIDE, recordó a La Mañana el abogado querellante, Willians Dardo Caraballo.
En aquella audiencia, el querellante y víctima Pedro Velásquez Ibarra entregó al Tribunal una copia certificada de la partida de nacimiento de un menor nacido en Formosa en diciembre de 1977, y donde Pedrazzini y el primer alférez de Gendarmería, Esteban Luis Ferreira Texeira – también vinculado al proceso y familiar de la esposa de Colombo- figuran como testigo de dicho acontecimiento. Sin embargo, no consta certificado médico alguno y la inscripción fue reconocida ese mismo día por el Superior Tribunal de Justicia en un trámite exprés.
El testigo Ferreira Teixeira también fue detenido por el requerimiento del año 2009 en virtud de la orden captura librada por la jueza subrogante, por el delito de supresión de estado, que integra el catálogo de delitos de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, aseveró Caraballo.
Este mismo tratado decepcionado por el Estado argentino también define la violación y abusos sexuales como imprescriptibles, es decir, que pueden ser perseguidos todo el tiempo.
Investigación
La Fiscalía Federal N 2, a cargo de Luis Roberto Benitez, tuvo a su cargo la investigación por la apropiación indebida y supresión de estado de Marcelo Arturo Cionci, quien sería víctima de los delitos de sustitución de identidad y retención o ocultación de menores que caracteriza al obrar de la represión, siendo hijo de víctimas del terrorismo de Estado.
Según esa investigación, un agente de la SIDE y su esposa inscribieron irregularmente como propio el niño, el 19 de diciembre de 1997, en la ciudad de Formosa.
Atento a las medidas probatorias requeridas por el fiscal Benitez, se logró imputar en la causa al supuesta madre del menor, como así también a Pedrazzini y Ferreira Texiera, por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, en concurso ideal con falsedad ideológica de un documento público.
Por esta causa se encuentra detenida la mujer, en su domicilio ubicado en la ciudad de Buenos Aires, con custodia de Gendarmería, a la espera de una pericia del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia, para establecer si puede prestar declaración indagatoria y trasladarse a Formosa.
Manual de represión
Al momento de declarar como testigo, Pedrazzini – en su carácter de oficial superior del Ejército Argentino- reconoció y admitió que durante el proceso militar estuvieron en vigencia y fueron aplicados reglamentos confidenciales ( Operaciones contra Elementos Subversivos) que habilitaban a la compulsión física, torturas, amenazas, chantajes, secuestros, raptos, violaciones y la eliminación de personas.
Respeto al testimonio del militar retirado, Caraballo recordó el cinismo y la hipocresía del ex hombre de confianza de Colombo al momento de ser careado con la testigo Genes de Ortiz, quien se desempeñó en la Gobernación como funcionaria de jerarquía del entonces secretario general. El hermano de la testigo fue el soldado Genes, quien falleció en oscuras circunstancias mientras hacía el servicio militar.
También fue detenido días atrás el comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional Jorge Caserotto, quien hasta el año 2010 integro el directorio del IOSE.
Recordó el abogado Caraballo que si bien Caserotto fue detenido por la privación ilegítima de la libertad de un trabajador de una conocida empresa de gaseosas en Las Lomitas durante el año 1976, el mismo “fue la cara visible del terrorismo de Estado en todo el Departamento Pilcomayo, especialmente en Clorinda y Laguna Blanca, donde era el jefe operativo de la represión”.
En el año 2006, el juez federal Marcos Bruno Quinteros, en oportunidad del dictar el auto de procesamiento del general retirado Jorge E. Rearte, encomendó al Ministerio Público Fiscal que inicie una investigación sobre todo lo vinculado a la violación de derechos humanos en la zona norte de la provincia, pero recién, ahora, siete años después, se dispuso la detención de Caserotto, quien debe ser requerido por los delitos consumados en dicha juridiscción, según surge del testimonio de las víctimas Nelley Daldovo, Carlos Sotelo y los familiares de Francisco “Pancho” Bogarin.
Fuente: La Mañana
